Consultas con comunidades detienen tramos por 3 años. Espera de más de 600 días por licencias ambientales.

El sueño de conectar por carretera el centro del país con la costa caribe en 10 horas se convirtió para los constructores en una carrera de obstáculos a lo largo de los 1.071 kilómetros que comprenden la megaobra, dividida en tres sectores.

Solo en el sector 3 del proyecto, 465 kilómetros entre San Roque-Carmen de Bolívar y Ye de Ciénaga-Valledupar, hay 13 comunidades certificadas en 265 kilómetros y cuatro más están en proceso de conseguirlo.

Este trámite tiene varada desde hace tres años la construcción de los tramos más cercanos a la Sierra Nevada, pues hasta ahora el Ministerio del Interior está en etapa de preconsultas. El proceso empezó el 7 de junio en el resguardo indígena Nabusímake, con la participación de las comunidades de arhuacos, koguis y wiwas, y termina este miércoles. Ese día empieza la segunda fase o apertura del proceso. Al segundo sector, 528 kilómetros entre Puerto Salgar (Cundinamarca) y San Roque (Cesar), se le acabó el dinero para la compra de predios, pues el estimado fue mal calculado dentro de la estructuración. De otra parte, el concesionario tuvo que esperar entre 363 y 639 días para tener licencias ambientales para las variantes el Juncal y San Martín.

El primer sector, más cercano a Bogotá, entre Villeta y El Korán, no solo tiene parados los primeros 20 kilómetros por el debate técnico sobre el trazado sino que ya completa un año de negociaciones con Pacific Rubiales, para que la petrolera mueva 600 metros de un oleoducto en Guaduas (Cundinamarca).

Para Julián Cardona, presidente de Asociación Colombiana de Ingenieros (Aciem), la Autoridad de Licencias Ambientales (Anla) debe revisar el tiempo para la entrega de las licencias ambientales. “Se debe revisar con detalle el rol que está jugando para evaluar su efectividad porque, de lo contrario, se debería revisar su existencia”, dice.

Diana Espinosa, presidenta de la Sociedad Colombiana de Ingenieros (SCI), sugiere que desde el Gobierno se deben generar proyectos sostenibles y armónicos, con el entorno natural y con las comunidades.

RECOMENDACIONES DE LOS CONTRATISTAS

El Ministerio de Transporte espera con la ley de infraestructura, que empezará a discutirse en el Senado, superar los problemas que afrontan los proyectos viales. La Cámara Colombiana de Infraestructura (CCI) le ha recomendando al Gobierno que la Anla expida las reglas y los términos de referencia generales para los proyectos, que las entidades públicas identifiquen los títulos mineros existentes y que el Instituto Agustín Codazzi fije los criterios generales para avalúos prediales.

DETECTAN ZONAS CRÍTICAS EN OBRAS

Según la presidenta de la Anla, Luz Helena Sarmiento, máximo dentro de 15 sema- nas atienden licenciamiento para vías. “Tenemos un sistema que permite ver puntos ambientales críticos, comunidades indígenas, para ayudar a los estructuradores”, afirmó.

Christian Pardo Quinn

Redactor Economía y Negocios