El Gobierno comenzó a trazar el camino para tener procedimientos más expeditos en la recuperación de terrenos baldíos usurpados o adquiridos ilegalmente.

La semana pasada expidió el Decreto 1465 del 2013, cuyo contenido fue revelado por EL TIEMPO. Parte de su filosofía es actualizar procesos para la recuperación de este tipo de terrenos, que llevan 19 años sin ser acoplados a la actual realidad agraria del país.

El decreto, de acuerdo con el Incoder, “regula los procedimientos agrarios de clarificación de la propiedad, deslinde de terrenos comunales, extinción del dominio por incumplimiento de la función social y ecológica de la propiedad, reversión y revocatoria de adjudicaciones y recuperación de baldíos indebidamente ocupados”.

Esto le da más capacidad al Incoder para poder realizar expropiaciones de terrenos adquiridos u ocupados ilegalmente.

Ante la tensión creada en torno a la forma en que se adquirieron terrenos en la altillanura y otras zonas del país, donde hay grandes inversiones del sector privado (nacional y extranjero) en proyectos productivos, el Gobierno admite que este decreto clarifica las reglas de adquisición de baldíos y los límites de cada propiedad cuando fue comprada, desde 1994 hacia adelante o hacia atrás.

La norma será reforzada con un proyecto de ley que busca dar seguridad jurídica a la inversión privada en el campo, que ya está en revisión en la Casa de Nariño para presentarlo al Congreso después del 20 de julio.

REDACCIÓN POLÍTICA