La ola de protestas ciudadanas por el cobro de la valorización en Bogotá hizo el milagro que no consiguieron ni los partidos representados en el Concejo ni la Alcaldía: que ambos poderes se pusieran de acuerdo en un tema.

En tiempo récord y acosados por las manifestaciones, concejales y funcionarios dejaron a un lado sus diferencias e hicieron causa común para dar cabida a un proyecto que modifica parcialmente el Acuerdo 180 del 2005, por medio del cual se viene cobrando dicho gravamen.

A juzgar por lo que se conoce hasta el momento, a la hora de distribuir el monto que los ciudadanos tendrán que pagar por valorización, se mantienen como criterios el avalúo catastral y la distancia a la que estarán las obras, con el fin de que dicho cobro sea proporcional al beneficio real que recibirán los contribuyentes.

Se establece un tope máximo de hasta dos veces lo que el propietario de un inmueble paga por impuesto predial al año y se exonera a 400.000 predios de estratos 1, 2 y 3 de la erogación, casi el 25 por ciento de los bienes objeto de la contribución.

La novedad más grande que trae el paquete de modificaciones tiene que ver con el plan de obras que se tenía previsto para los próximos años. La norma vigente contemplaba el diseño, estudio y ejecución de 137 en toda la ciudad, que se desarrollarían en cuatro grupos. No obstante, tropiezos administrativos, demoras y hasta fenómenos de corrupción retrasaron los trabajos, al punto de que, a estas alturas, cuando Bogotá tendría que estar dando inicio a los estudios para el último grupo, apenas está cobrando lo del segundo. Según el IDU, el rezago es de 7 años y el déficit supera los 400.000 millones de pesos.

Lo que propone ahora la Administración, y que debatirá el Concejo, es hacer borrón y cuenta nueva. Las obras de la fase II serán modificadas y ya no costarán 850.000 millones de pesos, sino 1,4 billones, que pagará la gente, y estarán en Chapinero, Usaquén, Puente Aranda y el llamado centro ampliado. Lo que estaba previsto para el grupo III se modifica, y las acordadas para el IV se eliminan.

En conclusión, este ajuste del Acuerdo 180 tiene dos finalidades puntuales: no cobrarles valorización a los más pobres, bandera del alcalde Petro, y rectificar los sobrecostos que se han registrado en algunos sectores de la población frente a lo que pagan por impuesto predial. De ahí que se avecine una nueva liquidación.

Vienen ahora dos meses de discusiones, que servirán para aclarar varias inquietudes. La más importante de cara a la ciudadanía es la definición precisa de cuáles serán los trabajos que se van a acometer y su costo. Algunos se pagarán con valorización, pero otros, según el proyecto, dependerán del cupo de endeudamiento que apruebe el Concejo, recursos con los que también se pretende financiar metro, tranvía, cables aéreos y troncales.

¿Querrá esto decir que el sur y el occidente de la ciudad –donde se presenta el mayor crecimiento– quedan supeditados a tener obras siempre y cuando haya cupo de deuda? ¿Se le deja al cabildo esa responsabilidad, mientras la Administración salva la suya?

Exonerar a 400.000 predios del cobro de valorización hace justicia a un sector con poca capacidad de pago, pero esos dineros, que podrían representar el 7 por ciento del total del recaudo, tienen que compensarse por algún lado. ¿Quién los asumirá?

Este proyecto modificatorio calma la tempestad, pero está lejos de resolver los problemas de fondo de la valorización, explicados muy bien en la edición de ayer de este diario: la fórmula de liquidación, obras poco claras, falta de estudios, mala calidad de los trabajos, etc. Esa debería ser la prioridad del Concejo.

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