Criticó la falta de participación ciudadana y la ausencia de estudios que justifiquen el modelo de ciudad propuesto.

El Consejo Territorial de Planeación Distrital (CTPD) rindió concepto negativo a la revisión excepcional del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) que el alcalde Gustavo Petro se dispone a tramitar ante el Concejo de Bogotá.

Entre los cuestionamientos principales del CTPD está la falta de participación ciudadana, la ausencia de estudios que justifiquen el modelo de ciudad propuesto y el impacto que esas reformas podrían tener en la competitividad de la ciudad.

El Consejo Territorial de Planeación es un órgano consultivo para temas de planeación, del cual forman parte los gremios económicos, representantes de los sectores social, educativo, cultural y ambiental y organizaciones comunitarias.

La ley de ordenamiento territorial ordena someter a su consideración toda reforma de los planes de ordenamiento territorial.

Este Consejo asegura que el proyecto de la administración carece de legitimidad, porque se «ignoró la participación ciudadana», que es de carácter constitucional y legal, y por eso se incurre «en un vicio de legalidad».

Afirma que en el proceso solo participaron 2.500 personas, durante cuatro fines de semana, a finales del 2012, en plena temporada de Navidad. «La ciudadanía no ha tenido la posibilidad de conocer, discutir y analizar, para pronunciarse (sobre las propuestas) y tener la oportunidad de aportar a una construcción de una ciudad consensuada», dice el concepto.

Por eso, según el Consejo Territorial, de aprobarse la propuesta de la Alcaldía, el nuevo POT podría fracasar, pues la ciudadanía no tiene información ni claridad sobre las propuestas de modificación del modelo de ciudad de la capital.

El CTPD también cuestiona la falta de estudios que sustenten ese nuevo modelo de ciudad. Dice que la propuesta se limita a anunciar el modelo de «ciudad densa y compacta» y a delimitar una expansión del centro tradicional con el nombre de «centro ampliado».

Cuestiona que no se indique «cómo y cuándo se producirá la sustitución de las ineficientes y obsoletas infraestructuras viales, de acueducto y alcantarillado, energía, transporte y telecomunicaciones, sin la cual la densificación y compactación no son posibles, sin que el precario funcionamiento actual de la ciudad colapse».

Según el concepto, las propuestas de aumento de densidad y edificabilidad para el centro ampliado y la expulsión de la industria de algunos sectores para construir vivienda popular no están sustentadas ni se encuentran acompañadas de un análisis riguroso sobre el impacto en la infraestructura pública y sus consecuencias en la competitividad de la ciudad.

«Nada más impopular y generador de caos que la imposición del ejercicio arbitrario del poder, porque así la propuesta tenga las mejores intenciones, y creemos que las tiene, resulta impopular e ilegítima por la ausencia de consenso ciudadano», dice el concepto entregado a Planeación.

«No se pueden imponer responsabilidades a la sociedad civil si esta no fue considerada ni involucrada en la toma de decisiones. Ni siquiera fue consultada», dice el Consejo, que por este motivo cuestiona la legitimidad de la propuesta y el grado de eficacia que podría tener su implementación.

Justo ayer, la administración anunció la decision de la Alcaldía de aplazar tres meses la presentación de la reforma del plan de ordenamiento al Concejo de Bogotá.