Primeras 15 obras de alianza privados-Estado ya están listas

El sector privado ya tiene listo un paquete de 15 propuestas de carreteras y ferrocarriles por 12,6 billones de pesos para construir de la mano del Gobierno y estrenar la ley de asociaciones público privadas (APP), aprobada este año.

Con las propuestas ya se alcanzaría la meta de la ley de APP de que el sector privado -con nuevos proyectos- le inyecte recursos a la infraestructura en el cuatrienio.

El objetivo de la ley, que en adelante rige las concesiones, es que las inversiones anuales en el sector pasen de uno a tres puntos del PIB en dos años, con lo que se espera poner «la primera cuota para empezar a superar el rezago», dice Luis Fernando Andrade, presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI). La idea es atraer inversiones hasta el 2018.

La norma fijó el piso para cada una de estas iniciativas en 6.000 salarios mínimos mensuales vigentes (hoy, algo más de 3.400 millones de pesos).

El primer paquete incluye 12 propuestas para construir carreteras, por 4,6 billones, y tres iniciativas para proyectos férreos, por 8 billones.

Por ejemplo, en Bogotá concursa la idea para conectar la calle 170 con La Cabaña y la calle 153 con La Calera. Entre los proponentes estarían Odinsa, Colpatria y el Concesionario San Rafael.

«Es un gran incentivo para que el sector privado traiga proyectos, pues la Ley 80 solo consiguió una APP en 20 años, la troncal Carbonera, entre San Roque (Cesar) y San Juan (La Guajira), porque se abría la licitación y si el proponente de la iniciativa ganaba, estaba bien, pero si perdía, le devolvían la plata de los estudios y ya. La nueva ley permite hacer un chequeo de mercado y le permite al proponente igualar la oferta de un tercero», explica Andrade, y dice que permitirá manejar el esquema de pago por disponibilidad de obra, como ocurre en el sector energético.

Los 15 proyectos que han llegado a su escritorio están en etapa de prefactibilidad, con detalles básicos de diseño y costo, así como fuentes de financiación.

Pasos para seguir

El equipo técnico de la ANI tiene tres meses para revisarlos antes de solicitarles a los proponentes que los maduren.

Si la propuesta es atractiva, la Agencia les pedirá a los inversionistas que lleven el proyecto a la etapa de factibilidad, en la que deben incluir el modelo financiero, la descripción, duración, análisis de riesgos, estudios de impacto ambiental, económico y social y estudios de factibilidad. Completar esa etapa puede costarle al inversionista alrededor de 5 millones de dólares.

Una vez la Agencia Nacional de Infraestructura recibe un proyecto en su etapa de factibilidad, corren seis meses en los que ese ente realiza consultas con el Gobierno antes de dar la aprobación final.

Si hay humo blanco, se abre una licitación en la que podrán participar otros privados que se animen a mejorar la propuesta base, y el autor de la APP podrá repotenciar su oferta; en caso de que la iniciativa sea rechazada, la propiedad sobre los estudios será del originador, pero la entidad pública tendrá la opción de comprarlos.

La ley premiará la originalidad, pues desecha de tajo las iniciativas que modifiquen contratos o concesiones existentes o en las que ya se haya adelantado su estructuración por parte de cualquier entidad estatal. Tampoco se aceptarán aquellas iniciativas que demanden desembolsos de recursos del Presupuesto General de la Nación superiores al 20 por ciento del total del proyecto.

Alianzas deben ser rentables, dice CCI

La Cámara de la Infraestruc- tura (CCI) dice que no podrán hacerse bajo estas alianzas proyectos en los que no haya forma de generar renta- bilidad, incluso si hay aportes estatales. «Si la obra es ne- cesaria para satisfacer las necesidades del Estado, tendrá que ser asumida por el presupuesto público y, en tal caso, se ejecutará como siempre, por la vía del contrato de obra pública (a través del Invías)», manifiesta el gremio.

CHRISTIAN PARDO QUINN
Redacción de Economía y Negocios

Fuente:

El tiempo