Escepticismo por nuevo cobro de valorización en Bogotá
Dado el descalabro con las obras, no hay ambiente favorable para otro pago.
Los atrasos y el sonado escándalo del ‘carrusel’ de la contratación parecen haber sembrado escepticismo entre los habitantes de Bogotá frente a un nuevo cobro de valorización, que ya alista el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) para dentro de seis meses, por cuenta del Acuerdo 180 del 2005.
Al menos así lo refleja un sondeo realizado el jueves en las redes sociales de la Casa Editorial EL TIEMPO, donde el 92 por ciento de los usuarios se mostró en desacuerdo con esta nueva contribución.
Por esa vía, el IDU busca financiar un paquete de obras en Bogotá, tales como puentes peatonales, vehiculares, andenes, vías y parques, que tendrían un costo aproximado de 860.000 millones de pesos.
Pero las razones de la desconfianza ya saltan a la vista. De las 43 obras contratadas en el grupo 1 -avaluadas en 459.000 millones de pesos y pagadas por los contribuyentes en el 2007- aún hay 24 que no se han terminado.
Uno de los casos que más indignación ha desatado es el deprimido vehicular que se proyectó a la altura de la calle 94 con NQS, que en su momento estuvo en manos del polémico contratista Julio Gómez, ligado al ‘cartel’ de la contratación.
En vista de que la obra nunca comenzó, el IDU caducó dicho contrato y, a comienzos de año, lo adjudicó nuevamente al consorcio Aia-Concay.
También está el caso de las obras de la calle 153, entre la autopista Norte y la avenida Boyacá. Aunque los trabajos se adjudicaron en el 2009, los contribuyentes -que la financiaron con sus dineros- aún no los ven. Adicional a ello, los organismos de control descubrieron que el IDU entregó este contrato a un consorcio en el que, además de Gómez, estaba una firma de alimentos, Mauro’s Food.
Todas estas irregularidades son investigadas actualmente por la Procuraduría y la Fiscalía, en medio de los procesos por el ‘carrusel’ de la contratación, que salpican a otros contratistas y abogados, como Emilio Tapia y Álvaro Dávila, y a la anterior cúpula del IDU, en cabeza de Liliana Pardo y Néstor Eugenio Ramírez.
Además de estos descalabros -que de hecho fueron una de las causales para la destitución del entonces alcalde Samuel Moreno por parte de la Procuraduría en mayo del 2011-, también hay preocupación por el arranque de un nuevo paquete de obras, teniendo en cuenta que algunas de la Fase III de TransMilenio, por culpa de los atrasos, no se han terminado.
De todos modos, con este este ambiente adverso, el IDU adelanta en estos momentos un censo a 1’700.000 predios en la ciudad, cuyos propietarios deberían pagar el segundo cobro de valorización con el fin de costear las 46 nuevas obras.
Lo que reclaman a gritos los ciudadanos es que no se repitan los mismos incumplimientos de los años recientes.
Pocos olvidan, por ejemplo, lo sucedido con los andenes de la carrera 15, entre las calles 100 y 122, o los de la carrera 19, entre las calles 134 y 161.
Hoy, pese a las multas y sanciones, algunos tramos de esas obras no están listos, e incluso algunos adoquines ya evidencian grietas.
En el sur, para el desespero de muchos, se entregó un puente, en la Boyacá con avenida Villavicencio, sin una oreja, por problemas para adquirir un predio.
Fuente:
Periódico el Tiempo
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