A pesar de prohibición, siguen construyendo casas en cerros de Bogotá
La reserva está en un limbo jurídico y el Consejo de Estado cumple seis años sin fallar el tema.
En la reserva forestal de los cerros orientales se sigue construyendo, sin tener en cuenta que están acabando con el mayor pulmón de la ciudad y que ahí no se puede poner un ladrillo más, por orden del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y del Distrito.
Muestra de ello es que el pasado 15 de mayo, por notificación de la Secretaría de Hábitat, la Alcaldía de Usaquén selló una construcción, de dos pisos, que levantaron en corto tiempo en el sector Zerrezuela, donde ni siquiera hay direcciones, porque es pura reserva.
Esta semana, la Alcaldía de Chapinero y Hábitat hicieron una inspección arriba del Parque Nacional, en la diagonal 39 con carrera 5 Este, donde, en 24 horas, apareció una familia viviendo en una casa nueva prefabricada.
La Contraloría de Bogotá, basada en reportes de la Secretaría de Hábitat, informó que el año pasado unas 397 construcciones fueron levantadas en la reserva y otros 367 lotes fueron ocupados ilegalmente.
La jefa de la oficina de la Corporación Autónoma Regional (CAR) Calera-Bogotá, Olga Li Romero, manifestó que los mayores intentos de construcción se han concentrado en los cerros de Usaquén, Chapinero y San Cristóbal.
«Se tiene la tendencia a lotear en sectores como La Esperanza, San Isidro y La Sureña. El problema es que cuando van a construir, encuentran que la CAR, Hábitat y las alcaldías locales no lo permiten».
Las nuevas ocupaciones son promovidas, especialmente, por los estratos 1 y 2 y por desplazados.
«Algunos dueños de mayor estrato, que tienen predios en la reserva, lo que intentan son ampliaciones o modificaciones en la vivienda, que están prohibidas», manifestó Romero. Por esto último, que se considera un delito ambiental, cuatro casos fueron denunciados a la Fiscalía.
La reserva forestal cubre 14.116 hectáreas de los cerros y son suelos de protección y conservación.
El fallo demorado
Las autoridades reconocen que se sienten ‘amarradas legalmente’ para actuar más drásticamente, porque todo lo que hay en los cerros está en un limbo jurídico, hasta los nuevos límites que el Ministerio de Ambiente le fijó a la reserva, en el 2005, que le redujeron la extensión a 13.143 hectáreas, al sustraerle 973 hectáreas.
Esta es una gran preocupación, dado que el Consejo de Estado cumple seis años sin fallar, en segunda instancia, la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que avaló esos linderos.
Romero expresó que «la labor ambiental no se paró, pero la administrativa sí, porque no se pueden dar permisos para controlar vertimientos o captaciones ilegales de agua».
Bogotá, a su vez, tiene frenado el proyecto del corredor ecológico de 42 kilómetros, que atravesaba los cerros.
Se mantienen medidas del Tribunal
El Distrito, la Corporación Autónoma Regional (CAR) y las alcaldías locales vienen aplicando las medidas cautelares que dispuso el Tribunal Administrativo de Cundinamarca que -con ponencia del magistrado César Palomino- prohibió a las autoridades y curadurías expedir, a partir del 2005, nuevas licencias de urbanismo y construcción en la reserva y en la franja de adecuación que creó el Ministerio de Ambiente como barrera para contener el crecimiento de la ciudad en el borde oriental.
Esta sentencia fue apelada ante el Consejo de Estado por ese Ministerio, la CAR y los dueños con inmuebles en la reserva, entre otras razones, porque ese fallo avaló la reducción del área protegida en 973 hectáreas, ordenó reubicar barrios ilegales y consideró que solo las construcciones levantadas con licencia, antes de 1977, se debían respetar.
Indicó que los predios sin «justo título» se podrían expropiar por razones de utilidad pública e interés social.
Fuente: periodico el tiempo /04 de Junio del 2012
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