Los polémicos reyes de la vivienda social
Tienen líos en proyectos por $200.000 millones y aspiran a participar en 100 mil casas de Santos.
En Puerto Boyacá (Boyacá), 1.320 familias damnificadas del invierno tienen puestas todas sus esperanzas en un proyecto de vivienda de la alcaldía, que busca reponerles los ranchos que se les llevó el río Magdalena.
Las casas van a costar cerca de 8.500 millones de pesos y el encargado de gestionar los subsidios ante el Findeter es el constructor paisa Mario Montoya Osorio, quien también estaría promoviendo proyectos en La Guajira, Sucre, Bolívar y Magdalena, con más de 60.000 casas.
Aunque en la Costa y en la secretaría de planeación de Puerto Boyacá saben muy poco de Montoya, en 15 municipios antioqueños es bien conocido por los proyectos de vivienda que dejó inconclusos con su empresa Fomento Urbano, con la que ha movido contratos por más de 62.000 millones de pesos.
Pero él no es el único constructor que, a pesar de estar cuestionado, sigue activo o habilitado ante el Ministerio de Vivienda para aspirar a una tajada de los contratos de construcción de las 100.000 viviendas gratis que anunció el Gobierno por 3,7 billones de pesos.
EL TIEMPO encontró a tres más que, si bien son conocidos en algunas regiones por coronar proyectos de calidad, tienen un historial de obras emproblemadas o denuncias: Manuel Otero, Enoc Salas Medina y Iader Wilhelm Barrios Hernández. Este último suscitó una carta de Camacol Boyacá, que advierte sobre sus rezagos.
Lazos políticos
Además de moverse en el cemento, tres de ellos tienen otro denominador común: nexos con políticos regionales. Incluso, a algunos los ha tentado la política.
Barrios dice ser amigo de políticos como el exsenador conservador Ciro Ramírez y admite que beneficiarios de sus casas le han dicho que se lance al Senado.
Montoya fue candidato conservador al concejo de Medellín, y líderes de ese partido fueron a la presentación de su más reciente fracaso inmobiliario: Casaloma.
Pero tal vez Otero es el más conectado. Su esposa es prima del condenado exsenador Miguel de la Espriella y él es amigo de la procesada Zulema Jattin.
En su defensa, todos se declaran víctimas de la burocracia, del invierno, de demoras en los giros y en la aprobación de subsidios, entre otros factores. Pero lo cierto es que tienen 69 proyectos en veremos, que afectan a 16.000 familias y comprometen más de doscientos mil millones de pesos.
La cartera de Vivienda le admitió a EL TIEMPO que estos aparecen como proponentes habilitados. Pero advirtió que si tienen incumplimientos serían vetados a la hora de asignar proyectos.
Vargas Lleras llega con otro modelo
Alcaldes ya no asignarán los proyectos
Aunque el ministro Germán Vargas Lleras solo lleva tres días al frente de la cartera de Vivienda, ya tiene pautas de lo que será el macroproyecto de 100 mil viviendas gratis. La primera decisión es que les quitará a los alcaldes la autonomía para contratar proyectos. A su juicio, esa ha sido la causa de que haya 263 proyectos retrasados en los cuales la Nación invirtió 157.000 millones de pesos. Además, «no seguiremos girando anticipos ni pagos contra entrega de obras parciales», explicó el viceministro Felipe Henao. Y advirtió que aunque las constructoras de Mario Montoya, Manuel Otero y Enoc Salas aparecen habilitadas en la web -tal como lo señala EL TIEMPO-, «estarían vetadas por incumplimientos». Sobre Barrios, dijo que aún no tiene dicha causal.
Indagaciones y sanciones en curso
Los 15 proyectos en veremos de Montoya
El constructor Mario Montoya es indagado por el fracaso de Casaloma, una urbanización de más de 24.000 millones de pesos que en abril debía dotar de vivienda a 860 familias pobres de Rionegro (Antioquia). Entregó solo 130, sin vías ni obras adicionales. Y tiene que explicar qué hizo su firma C.I. Desarrollo Territorial con 5.000 de los más de 8.000 millones de pesos del anticipo. Montoya también dejó inconclusos proyectos en 15 municipios en los que figura a través de C.I. o Fomento Urbano, empresas de las que es socio. EL TIEMPO llamó a los teléfonos que Montoya ha dejado consignados en diferentes oficinas oficiales, pero no respondió los mensajes. Sin embargo, ha hecho saber que va a demandar en el caso de Casaloma porque, según él, las fallas se deben a la entrega incompleta de anticipos, a demoras en los pagos y a otros factores que tienen que ver con la gestión pública y no con su labor.
A Manuel Otero le archivaron 14 denuncias
A través de Colvivienda y Fundicar, el costeño Manuel Otero captó 45.000 millones en subsidios. Llegó a tener 14 denuncias por 13 proyectos en causal de incumplimiento. Por esas anomalías, el gobierno Uribe le frenó 7.000 millones de pesos para diez proyectos de vivienda en Córdoba y Sucre. Pero hoy está limpio. «No hay causas pendientes contra él», dijo su abogado, Abelardo de la Espriella. Y agregó que también se le archivó un proceso por nexos con ‘paras’. De hecho, Colvivienda sigue habilitada en el listado de proponentes de la cartera de Vivienda y en Fidenter tiene tres proyectos con certificado de elegibilidad. Pero Otero dijo que no quería saber nada de lo público y que ahora exporta carne a Venezuela.
Salas planea expandir su negocio al Caribe
A pesar de que Construvisol figura en el listado de proyectos con más viviendas siniestradas, sigue ofreciendo en la web lotes e inmuebles y asegurando que construye mil casas y 12 edificios. Su representante es Enoc Salas Medina, quien asegura que vende más de 2 millones de dólares anuales. Lo que no dice es que no les ha respondido a 170 beneficiarios de proyectos de vivienda por 1.600 millones de pesos en Bolívar y Atlántico.
Tampoco, que su nombre está vinculado a la Constructora Salmedina, Fundación Salmed y a la Asociación de Vivienda La Esperanza, que han actuado a solas o en uniones temporales para obtener otros proyectos de vivienda inconclusos. Aún así, Construvisol aparece en el reporte de oferentes activos de la cartera de Vivienda.
‘Me quieren sacar’
Iader Barrios, exjefe de Planeación y de Obras de Tunja, admite retrasos en proyectos. Pero dice que lo han asaltado en su buena fe con lotes no aptos o sin licencia. En Arauca, firmó un convenio por $ 14.000 millones para 52 casas. Pero el papel tenía falsedades que -dice- no conocía y que le costaron dos años de retrasos. Y atribuye a líos externos el atraso de 10 meses en 40 casas para desplazados y en 1.542 en Tunja. «Ese fue por bocón. Dije que las entregaría en el 2011 y no pude. Pero no estoy en causal de incumplimiento. La mejores casas del país son las mías, en Camacol me respaldan. Quieren sacarme del mercado. Voy a demandar».
Tomado del Diario el tiempo, 20 de Mayo de 2012, Sección: Debes saber
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