La suspensión provisional del contrato que le da vida a la propuesta del Gobierno distrital de construir 372 viviendas de interés prioritaria (VIP), en lotes ubicados en las zonas de mayor valorización comercial de la ciudad, con una inversión de 30.000 millones de pesos, demuestra que en Bogotá se están adoptando medidas populistas, improvisadas y con vicios de ilegalidad, propias de la actual administración distrital. Desde el inicio el distrito se comprometió a poner a disposición 470 hectáreas y en la actualidad difícilmente han entregado 95.

Como Concejal de Bogotá y ciudadano comprometido con mi ciudad, fui el promotor de la Acción Popular que generó la suspensión provisional del proyecto, abanderando la protección de los derechos colectivos a la defensa del patrimonio público, así como la garantía del cumplimiento de las disposiciones legales. La administración distrital no puede ignorar las limitaciones jurídicas de la adquisición de bienes con destinación específica, tal y como ocurrió con los lotes en debate del IDU (ubicados entre la calle 109 con 17, en la carrera 11A con calle 88, en la 82 con 10ª y en la carrera 11 con calle 93A). Precisamente, de eso se trata el control político; velar por el buen uso de los bienes púbicos siempre en busca de la protección del interés general y el respeto por las normas.

Sin duda, una ciudad como Bogotá necesita políticas para combatir la segregación social, pero los decisores deben articularlas a las realidades del territorio. Es necesario pensar en los beneficiarios que, en su mayoría, son víctimas del flagelo de la violencia. Ellos esperan que el Estado les genere nuevas oportunidades para rehacer sus vidas. No necesitan ser expuestos a nuevos actos de discriminación social ni se puede terminar re-victimizándolos. La solución ha de estar en un proyecto político que trascienda una administración, y no producto de un enfrentamiento político que se manipula como “transformación social”. Con un poco de prospectiva se pueden avizorar impactos negativos que incrementarían la confrontación y la discriminación, antes que la solución. La calidad de vida de cada uno de los habitantes de Bogotá está en manos de los decisores de política, por tanto, se requiere cautela en las medidas que se toman. (Lea también: Apelarán decisión de suspender viviendas VIP en estratos 5 y 6)

Cuando el interés general es el eje, han de considerarse las diferentes alternativas para darle una mejor distribución a los recursos; que siempre son escasos. Implica considerar opciones para lograr más beneficiarios. Todos merecen la oportunidad de iniciar de nuevo, entonces, si se tiene en cuenta el registro reportado por la Unidad de Atención y Reparación a las Víctimas, ya hay inscritas más de siete millones de personas en condición de desplazamiento. Si la Bogotá Humana sigue con su plan de construir 70.000 viviendas tipo VIP (de las cuales 40 mil estaban destinadas para las víctimas del conflicto), faltando menos de un año para finalizar el periodo administrativo, no se podrá superar el 11% de ejecución del Plan. Frente a esta situación, la administración distrital juega con la suerte de 372 familias que decreta ayudar, pero que no se sabe cómo se elegirán. Ese es un factor que podría generar resentimiento colectivo e incrementaría futuros conflictos.

Una verdadera política de reducción de la segregación se construye al intervenir la ciudad, y al generar condiciones de vida digna para todos los sectores sociales. En lugar de adoptar medidas provocadoras, la administración distrital debería trabajar en garantizar un óptimo servicio de transporte público, en mejorar los barrios populares, en generar espacio público de calidad para el disfrute de habitantes y visitantes, eliminando los escenarios de confrontación política que acentúa la oposición de clases, la violencia social y el resentimiento colectivo. Bogotá no aguanta más alcaldadas ni actos provocadores de soberbia, necesitamos un cambio radical para nuestra ciudad.

ROBERTO HINESTROSA REY
Concejal de Bogotá (Cambio Radical)