El primer efecto que podría causar la decisión del tribunal será la de opacar por completo la campaña de los candidatos a la Alcaldía, pues en el corto plazo -quizá hacia junio- habrá una votación en la que se medirán las fuerzas del petrismo y el antipetrismo en las urnas con un solo objetivo: decidir si el mandatario debe o no seguir en el poder, cuando faltarían menos de seis meses para que concluya su mandato legal.

Es decir, en el corto plazo, la gente no estará escuchando propuestas e ideas y debatiendo sobre cuál será el candidato que mejorará la maltrecha calidad de vida en la ciudad en los próximos cuatro años, sino que estará pensando en un ‘sí’ o un ‘no’ para definir su postura frente a la revocatoria de Petro.

Por ese motivo, ante ese escenario resulta imposible que los partidos políticos se queden quietos y no reaccionen a la hora de invitar a los votantes a respaldar o rechazar lo que ha significado la Bogotá Humana.

Y resulta imposible que vaya a existir esa calma porque, como pocas veces en la historia de Bogotá, el alcalde genera una evidente polarización entre la opinión pública. En este asunto nadie es neutral y los extremos han dominado buena parte de la discusión. Están quienes piensan que Petro ha frenado el desarrollo y se ha dedicado a la retórica por su falta de gerencia y los que consideran que el mandatario ha hecho un papel destacado y tiene logros en varios frentes que ameritan que la ciudadanía los refrende en las urnas.

En todo caso, hay que tener en cuenta que ninguna revocatoria de mandato ha prosperado en Colombia desde que se expidió la Ley 134 de 1994, que reglamentó este mecanismo de participación ciudadana contemplado en la Constitución de 1991.

De acuerdo con las estadísticas de la Registraduría, de 80 procesos de revocatoria que se han puesto en marcha desde 1996, sólo 37 cumplieron los requisitos y los ciudadanos fueron a las urnas, pero ninguno prosperó. La gente no salió a votar.

Precisamente, esa histórica abstención y el alto umbral exigido (en el caso de Petro se necesita que participen 1’234.214 personas en la votación) han sido las dos causas principales por las cuales ningún alcalde ha sido revocado. Por ejemplo, para que Petro sea retirado del Palacio Liévano, más de 617.000 personas deberán votar por el sí.

Sin embargo, vale la pena preguntarse si la coyuntura actual es la indicada para promover la revocatoria de Petro, un proceso que impulsó el exrepresentante a la Cámara Miguel Gómez Martínez y que nació el 18 de abril del 2013 cuando se radicaron centenares de miles de firmas ante la Registraduría.

El propio Gómez Martínez dijo este miércoles, en entrevista con ‘Blu Radio’, que la decisión de la Corte parecía “una burla y es el reflejo de no tener justicia”, pues recordó que la arremetida jurídica del entorno más cercano a Petro impidió que esta votación se diera hace más de un año, cuando los promotores cumplieron con todos los requisitos fijados por la ley y se respiraba ambiente de campaña (ya había hasta logos del ‘sí’ y del ‘no’).

“Perdimos tiempo valioso en esta lucha jurídica”, advirtió el exrepresentante Gómez Martínez. Y es que nadie entiende por qué una revocatoria que se impulsó desde hace dos años tiene visto bueno hasta ahora, cuando Petro ya tiene un pie afuera de la Alcaldía y su equipo recopila cifras para hacer el balance de los cuatro años de mandato.

Entonces, bajo este panorama, ¿quién gana y quién pierde con la convocatoria para revocarle el mandato a Petro, cuya organización y logística costará por lo menos 40.000 millones de pesos? Sí, 40.000 millones de pesos (con esa plata se construyen dos megacolegios).

De entrada, gana el alcalde. Ha quedado demostrado que al mandatario le gusta el ejercicio de la política y no sería raro volver a ver masivas concentraciones en la plaza de Bolívar, así todos los funcionarios distritales se distraigan de su obligación legal de gobernar y de ejecutar un Plan de Desarrollo que, a juicio de la Veeduría, no se ha cumplido como debería. Es decir, aquí puede volver primar la política por encima del gobierno.

“Superada la fase de protección de Bogotá Humana por medidas cautelares ahora nueva prueba: asumir el proceso de refrendarla popularmente”, trinó Petro en la noche del martes, dando largada a su campaña por el ‘no’.

“¿Quién dijo que un gobierno progresista podría ejercer el mandato tranquilamente? Somos hijos de las dificultades y las asumimos”, añadió el alcalde, quien ayer martes, paradójicamente, había recibido un balón de oxígeno del Consejo de Estado al mantenerlo en el cargo mientras estudia de fondo la destitución impuesta por la Procuraduría, a raíz del modelo de aseo.

Pero con la revocatoria, también gana la oposición más radical a Petro, retratada en el uribismo y el Centro Democrático. La campaña por la revocatoria les servirá de trampolín para ventilar sus ideas, con miras a la votación de octubre por la Alcaldía y el Concejo.

Y entonces, ¿quién pierde? Sin duda, Bogotá como tal. Ahora, todo entrará en una especie de parálisis administrativa y ambiente político agitado por dos elecciones en menos de siete meses, algo inédito en la historia reciente, mientras los problemas de movilidad, inseguridad, falta de oportunidades y la preocupante crisis de orgullo siguen haciendo de las suyas y teniendo a la ciudad sumida en una completa incertidumbre sobre su futuro.

YESID LANCHEROS
Jefe de Redacción de ELTIEMPO.COM
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