Tanto alegría como descontento generaron en los propietarios de predios incluidos en la Reserva Forestal Regional Productora del Norte de Bogotá la decisión de que se prohíba en estos terrenos nuevas construcciones y que actividades productivas como la floricultura tengan que desmontarse.

Luego de que la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca aprobó esta semana el plan de manejo de la reserva, declarada en el 2011 después de que en el 2000 fuera solicitada por el Ministerio de Ambiente, los propietarios se encuentran divididos respecto a los cambios que introducirá la autoridad ambiental en los predios, donde, por ejemplo, solo autoriza a los que ya están construidos a hacer ampliaciones que no superen los 500 metros cuadrados y a que el índice de ocupación no exceda el 20 por ciento.

Para los vecinos agrupados en Asodessco, asociación creada desde el 2006, cuando empezó el debate, la medida viola sus derechos a la propiedad, puesto que restringe los usos del suelo y les causa detrimento en el valor de sus propiedades.

Gustavo Guerrero, abogado representante de 26 propietarios que demandaron a la CAR, aseguró que en los años en los que el grupo de vecinos no ha podido realizar transacciones comerciales con sus predios, han perdido cerca de 132.000 millones de pesos.

La Corporación presentó una respuesta al Tribunal Administrativo, donde cursa esta demanda, pero este no aceptó las observaciones de la autoridad ambiental.

Además del daño patrimonial, para Fernando Amaya, quien tiene un predio al lado de la Clínica Corpas, en la vía Suba-Cota, tanto el Distrito como la CAR no han tenido en cuenta la participación de los afectados, quienes, insistió, no están en desacuerdo con la protección ambiental y siempre propusieron otras esquemas de reserva, menos restrictivos que el aprobado.

Dentro del plan de manejo se contemplan cerca de 154.000 millones de pesos para la compra de predios. Sin embargo, Amaya dijo que estos subsidios son insuficientes y no remplazan la pérdida del valor del suelo.

También explicó que la decisión causará un fuerte impacto en los más de 15.000 trabajadores de las empresas floricultoras, que, según determinó la CAR, deberán salir de los predios ocupados en los próximos siete años.

Sin embargo, otro grupo de vecinos del sector, como la familia Anaya, quien tiene sus viviendas en esos predios desde hace 70 años, afirmaron que recibían con optimismo el plan de manejo, puesto que por fin llegará a la zona una entidad que regule la planeación y los servicios públicos y frene la construcción, que ponía en riesgo un ecosistema único para la ciudad.

También aseguraron que están a la espera de que los compromisos de la CAR y el Distrito con la creación de corredores verdes y espejos de agua se cumplan, ya que no valdría la pena desmontar las plantaciones de flores para que estos terrenos se convirtieran en botadores de basura.

BOGOTÁ

Por:  BOGOTÁ |

9:38 a.m. | 26 de septiembre de 2014