El 20 de diciembre del 2007 el curador Segundo de Medellín, Carlos Alberto Ruiz, exoneró de la supervisión técnica a cuatro proyectos de CDO: Colores de Calasania, Santa Fe de Pilarica, Bosques 2 y el Space.

Pasaron seis años, cuando el 12 de octubre del 2013, una de las etapas del último edificio se desplomó. Bajo las 3.000 toneladas de escombros murieron ocho obreros, dos ingenieros, un residente de la unidad residencial y un vigilante.

El oficio, que EL TIEMPO conoció, tiene el sello de la Curaduría Segunda avalado por la firma de Ruiz y fue una respuesta a la solicitud que formuló el arquitecto Wilmar Seohanes Barros a nombre de la constructora Lérida CDO.

“Revisada la documentación anexada por medio de la cual acredita a las empresas Lérida CDO S.A., Vifasa CDO S.A., Acuarela CDO S.A. y Calamar CDO S.A. se encuentran certificadas por el Incontec, bajo las normas ISO 9001:2000, todas ellas vigentes para el año 2008, además de demostrar las calidades y experiencia que posee el director de la obra el arquitecto Wilmar Antonio Sehoanes Barros, profesional con más de cinco años de experiencia en la construcción, interventoría y supervisión técnica de proyectos constructivos”.

Con ese simple párrafo y citando la Ley 400 de 1997, Ruiz, en calidad de Curador, exoneró “de la obligación de someter a supervisión técnica” a esos proyectos.

Pero hay más. El diseñador estructural de los cuatro edificios fue el ingeniero Jorge de Jesús Aristizábal, quien para esa época gozaba del prestigio de ser uno de los mejores calculistas de Colombia. Una eminencia.

Lo que no se conocía en ese momento es que él implementaba un método que haría millonarias a las constructoras: la hiperoptimización que en teoría no es más que levantar un edificio haciendo estructuras más delgadas mientras la cuantía del refuerzo se reduce con la implementación de acartelamientos: vigas gruesas cerca de los apoyos.

El método es válido mientras haya un estricto control de calidad de los materiales, cosa que en Space, Asensi, Continental Towers y Colores de Calasania –todos diseños de Aristizábal– no se cumplió. Así lo revelaron los estudios realizados hasta el momento.

“El prestigio de Aristizábal lograba que nadie lo contradijera, incluso, ni siquiera revisaban los proyectos en las curadurías en donde él solicitaba las licencias”, aseguró el abogado especialista en Derecho de Ingeniería, Sergio Mario Gaviria quien además de ser experto en estructuras le ha seguido la pista al ingeniero.

Su preferida, según lo establecido por la Fiscalía, era la Curaduría Segunda. De hecho, Ruiz y Aristizábal se conocían desde hacía varios años. El organismo judicial también tendrá en cuenta esa relación –además del oficio– para la imputación de cargos programada para el próximo martes. Por otro lado, el curador era propietario de un apartamento del edificio.

El experto en patología estructural, ingeniero Roberto Rochel, quien ha estudiado algunas edificaciones diseñadas por Aristizábal, encontró que “en las memorias de cálculo de Colores de Calasania algunas de las especificaciones, como columnas y vigas, coinciden con las del Space”.

Ese edificio (Colores de Calasania) también exonerado de la supervisión técnica, fue evacuado el pasado 26 de abril.

“Él, con una increíble disminución de costos en los diseños estructurales, convenció a los constructores de trabajar con ese modelo de hiperoptimización que va en contra de la norma de sismorresistencia”, dijo el concejal Bernardo Alejandro Guerra, quien calificó al ingeniero como un “peligro para la sociedad”.

Lérida CDO y varias empresas del conglomerado, acogieron como propia la opción y levantaron por lo menos ocho edificios basados en el revelador modelo.

Y aunque no lo han reconocido expresamente, así lo dieron a entender en un comunicado de prensa que publicaron el pasado viernes 2 de mayo: “Todos los proyectos promovidos y construidos por nuestras empresas, cumplieron con la normatividad urbanística vigente, fueron diseñados por profesional facultado por la ley, curadores legalmente investidos otorgaron las licencias de urbanismo y construcción (…)”, indicaron.

Pero las autoridades no piensan lo mismo, pues lo descubierto hasta el momento indica que se trató de un proceso sistemático que no era desconocido para ninguno de los implicados.

El martes imputarán cargos a cinco presuntos responsables

Mientras la Fiscalía cuenta con las pruebas de concreto, memorias de cálculo y el estudio de la Universidad de los Andes para determinar que las muertes que ocasionó el Space pudieron haberse evitado, a los indiciados en ese proceso solo les quedaría acusar a Jorge Aristizábal como el responsable de los acontecimientos.

El próximo martes se les imputará cargos por homicidio culposo al representante legal de Lérida CDO, Pablo Villegas; a la directora de obra del Space, María Cecilia Posada y a Aristizábal, en calidad de diseñador estructural.

Así mismo se les imputará cargos por prevaricato por acción a los curadores urbanos segundos Eliney Esther Francis Llanos (ya retirada) y a Carlos Alberto Ruiz Arango, quien ejerce actualmente. Ambos funcionarios fueron quienes aprobaron las licencias de construcción de la unidad residencial.

La defensa para los imputados solo se podrá basar en que se rigieron por lo establecido por Aristizábal en los diseños estructurales y que cuando terminaron la obra no hubo ningún reclamo o queja de las autoridades competentes.

Pero para el abogado e ingeniero, Sergio Mario Gaviria, eso no será tan fácil: “Si la Fiscalía logra demostrar que todas esas personas tenían conocimiento de que los diseños no cumplían con la norma de sismo- rresistencia les quedará muy difícil convencer al Juez de que son inocentes”.

Así las cosas, lo más probable es que la Fiscalía solicite congelar los bienes de los implicados para, si se llega al caso, indemnizar a los familiares de las víctimas que dejó el desplome y a los afectados del mismo.

Y no están lejos de la realidad. El organismo judicial, en cabeza de un grupo especializado, recogió durante los últimos seis meses el material probatorio suficiente para establecer que los implicados tendrían responsabilidad en la tragedia.

Los implicados

Jorge de Jesús Aristizábal

El ingeniero calculista es el principal sospechoso del desplome del Space, pues han demostrado que su diseño estructural violaba las normas colombianas de sismorresistencia. Hasta el año pasado era el calculista más prestigioso de la ciudad.

Pablo Villegas Mesa

El prestigioso empresario del sector constructor ha sido criticado por no salir a la opinión pública a responder por el desplome del Space. Es hijo del político y también ingeniero Álvaro Villegas, quien hasta el año pasado fue presidente de la SAI.

Carlos Alberto Ruiz​

El curador Urbano Segundo, Carlos Alberto Ruiz, aprobó la licencia de construcción de las dos últimas etapas del Space y exoneró de supervisión técnica al proyecto. Además era propietario de uno de los apartamentos de la unidad residencial.

Eliney Esther Francis Llanos​

Según la Fiscalía, Eliney Esther Francis quien se desempeñó como curadora segunda antes de la llegada de Ruiz, fue quien aprobó la construcción de las primeras cuatro etapas de la unidad residencial Space. No habría surtido los estudios necesarios.

María Cecilia Posada

Según las autoridades, la directora de obra del Space, ingeniera María Cecilia Posada, debió fijarse tanto en los diseños estructurales del edificio así como en los cumplimientos de los mismos en la obra. Por omisión la imputarán.

YEISON GUALDRÓN
Redactor de EL TIEMPO
Medellín

10:56 a.m. | 11 de mayo de 2014