Gremios y gobiernos distrital piden al Consejo de Estado precisar alcance de la suspensión del POT.

Mientras el Consejo de Estado decide si acumula en un solo proceso seis demandas de nulidad que cursan contra el Plan de Ordenamiento Territorial (decreto 364 del 2013) –incluida la que ordenó suspender provisionalmente la norma–, los constructores advierten que no saber qué norma los rige ya impactó económicamente sus proyectos.

Para Pablo Aranguren Riaño, presidente del comité jurídico de Asofiduciarias, se está impactando toda la cadena de la construcción porque los proyectos urbanísticos están “en la indefinición y hay incertidumbre para el negocio”.

Durante un foro promovido por Camacol, en el cual se analizó la situación jurídica actual de la construcción en Bogotá y sus impactos en la actividad edificadora, Aranguren expuso que más allá de que el POT se declare legal o ilegal, el cambio de norma afecta los costos de los proyectos. “¿Qué pasa si una empresa tramitó una licencia para un edificio de 20 pisos y ahora solo podrá construir siete, por ejemplo”, se preguntó al señalar que los decretos 190 y 364 tienen normas distintas en cuanto a uso del suelo, metros de construcción, cargas y otros temas, y eso afecta los costos.

Este miércoles, durante el foro, los constructores, los curadores urbanos, la Veeduría Distrital y los gobiernos de Bogotá y la Nación lanzaron un SOS al Consejo de Estado para que precise el alcance de la suspensión provisional del decreto 364, aunque advirtieron que mientras llega un fallo de fondo la incertidumbre continuará.

La presidenta de la Corporación de Curadores Urbanos de Bogotá, Juana Sanz Montaño, aseguró que los curadores no saben qué hacer con las licencias que se pidieron entre agosto del 2013 y marzo de este año, y no se habían expedido en el momento en que la magistrada Elizabeth García González ordenó la suspensión provisional del POT.

Explicó que unos curadores piensan que hay que suspender todos los trámites; otros, que debe hacerse en casos puntuales y algunos, que se debe continuar con el proceso. El problema es que mientras que el Ministerio de Vivienda les dijo que para las licencias que quedaron en trámite debe aplicarse el decreto 190, Planeación Distrital indicó que deben regirse por el decreto 364.

Observaciones de la Veeduría al Consejo de Estado

Lo que genera inseguridad jurídica no es la suspensión del POT por parte del Consejo de Estado, sino el proceso de expedición del decreto que adelantó el Alcalde, después que el Concejo negó el POT. Veeduría dice que“estamos viviendo las consecuencias de una decisión del ejecutivo”.

La suspensión provisional del POT decretara por el Consejo de Estado quedó incompleta porque no precisó el alcance de la medida. Es importe que el alto tribunal aclare el tema porque no hay precedentes sobre la materia.

Consejo de Estado debe decir que pasa con las licencias que entraron en trámite y no se alcanzaron a expedir.

También debe precisar qué pasa con la ejecución futura y las modificaciones de las licencias que se alcanzaron a expedir con el decreto 360.

Los curadores urbanos no tienen libertad para interpretar qué va a pasar con las licencias expedidas o en trámite bajo el decreto 360 del 2013.

‘Preferimos lineamientos del Consejo’

Guillermo Antonio Herrera, viceministro de Vivienda

A partir de la suspensión del POT de Petro (decreto 364 del 2013), las licencias se tramitan con el decreto 190 del 2004.

Las licencias que se alcanzaron a expedir por el 364 se rigen por ese mismo decreto, así esté suspendido. Si con el paso de los meses se pide una modificación de una de esas licencias, se debe hacer bajo el decreto 190.

Las licencias que se solicitaron bajo el decreto 364 del 2013 pero no se alcanzaron a expedir se tienen que volver a tramitar por el decreto 190, porque no hay derechos adquiridos sino mera expectativa.

Prefiere esperar a que el Consejo de Estado dé lineamientos de cómo interpretar la suspensión para definir las licencias solicitadas que no se alcanzaron a expedir.

‘Debemos sentarnos a concertar’

Gerardo Ardila, secretario de Planeación de Bogotá

Las licencias de construcción que se tramiten a partir de la suspensión del decreto 364 del 2013 se tramitan con el decreto 190.

Las licencias que se alcanzaron a expedir con el decreto 364 del 2013 se rigen por ese mismo decreto. Lo mismo, las modificaciones que se pidan sobre ellas en el futuro.

Las licencias que se solicitaron bajo el decreto 364 pero no se alcanzaron a expedir se deben seguir tramitando bajo ese decreto, porque hay derechos adquiridos y los peticionarios actuaron en confianza legítima.

Propone que el Gobierno Nacional y el Distrito se sienten a concertar para definir el futuro de las licencias que se pidieron y no se alcanzaron a tramitar con el 364.

Por: REDACCIÓN BOGOTÁ |

7:14 p.m. | 07 de Mayo del 2014