Amigos y detractores del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) del exalcalde Gustavo Petro, que fue suspendido por el Consejo de Estado, coinciden en que la ciudad quedó en la incertidumbre en materia urbanística.

Pero mientras el contralor distrital, Diego Ardila, advierte que la incertidumbre se origina en la decisión del exalcalde Gustavo Petro de expedir el POT por decreto, sin tener facultad para ello, la Administración asegura que la decisión del Consejo de Estado representa un freno para la gestión.

Ardila afirma que Petro no solo no tenía facultad para expedir el POT por decreto (364 del 2013), porque su proyecto fue negado por el Concejo, sino que además lo presentó como una revisión excepcional, pero al final terminó derogando todo el POT anterior (Decreto 190 del 2004), lo cual constituyó una reforma de fondo.

La Administración, que insiste en la legalidad del POT a pesar de las demandas que cursan en su contra –una de las cuales llevó el miércoles a que una magistrada ordenara suspender su vigencia–, empieza a evaluar las acciones que quedan frenadas.

Uno de los primeros efectos que cita la Alcaldía es la parálisis en la compra de 4.000 predios para obras viales que están próximas a licitarse. El director del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), William Camargo, explicó que, tras la expedición por decreto del nuevo POT, en agosto del año pasado, el IDU y Catastro iniciaron el proceso de identificación y avalúo de predios que se necesitarán para obras como el cable metro de Ciudad Bolívar y las avenidas José Celestino Mutis y Boyacá, entre otras.

“La ley ordena que las ofertas para compras de predios se hagan bajo las normas del POT vigente”, explicó Camargo. Por eso, los avalúos tendrán que comenzar de cero a partir del Decreto 190, que es el POT que ahora revive con la decisión provisional del Consejo de Estado.

Un tema clave y polémico que queda en suspenso es el de la cesión de suelo para vivienda de interés prioritario (VIP) que estaban obligados a hacer los constructores con el POT de Petro. Con la norma suspendida, la Administración no podrá aplicarles esa carga. Tampoco la cesión de suelo a cambio de obtener licencia para más pisos de construcción, especialmente en el centro.

La Administración manifiesta que con el POT anterior rigiendo de nuevo se podrá construir con libertad de altura sin cederle nada a la ciudad. Este jueves en la noche se esperaba un pronunciamiento de Camacol al respecto.

“El decreto de Petro creó caos e incertidumbre y eso no le conviene al planeamiento urbano, y menos al recaudo de plusvalía, Ica y delineación urbana de la ciudad”, dijo el contralor Ardila.

Al secretario de Planeación, Gerardo Ardila, en cambio, algunos de los temas que más le preocupan son el ambiental y el rural, además de la reducción de trámites que, en su concepto, quedan sin vigencia. Según él, los 1.500 trámites que habían logrado reducir con el POT de Petro vuelven a cobrar vigencia.

También dice que la suspensión del Consejo de Estado impedirá seguir con el proyecto de renovación del CAN porque el uso actual del suelo no permite desarrollar el proyecto, lo mismo que el de al sede para los nuevos ministerios en el centro.

El ministro de Vivienda, Luis Felipe Henao, que le atribuye al POT de Petro que se dejaran de construir viviendas y generar empleo en la ciudad –a pesar de que la Secretaría de Planeación dijo que las licencias no se frenaron con el nuevo POT– espera que con la suspensión del Consejo de Estado “se reactive la construcción en Bogotá”.

Por: REDACCIÓN BOGOTÁ |

9:16 p.m. | 03 de Abril del 2014